Con la designación del ingeniero de minas, Giovanni Frisancho Triveño, se abre la posibilidad de sentar las bases para alcanzar este objetivo, retomando así la senda dejada por su antecesor, quien privilegió lo administrativo en vez de echar una mirada a la problemática regional y encontrar soluciones.

Los intentos por crear las condiciones básicas para plasmar políticas de alcance regional en minería se vieron truncadas no sólo por la falta de perspectiva de quienes tuvieron la responsabilidad de conducir este proceso, sino además, porque poco les interesó a los funcionarios del estado regional, tomar el “toro por las astas”, prefiriendo mantener el status quo, y de eso tenemos ejemplos recientes.

O sino recordemos. Por iniciativa de la DREM en el 2007, se plasmó el proyecto de formalización de mineros artesanales informales en cinco zonas de la región que fue aprobado con un financiamiento de 3 millones de nuevos soles. En vez de fortalecer este proyecto y ampliarlo a otras nuevas zonas se optó por minimizarlo y darle mayor peso al garrote y la incautación.

Esta iniciativa –la única promovida de su tipo en el país- debió culminar exitosamente con la formalización de varios grupos de mineros artesanales, la adquisición de una planta piloto y laboratorio implementado vía convenio con la Facultad de Ingeniería de Minas de la UNAMBA, sin embargo, por la miopía e incapacidad de unos cuantos burócratas de rango medio, todo este esfuerzo se echó prácticamente a la borda.

Mirando más ampliamente y saliendo del tema minero artesanal, lo cierto está que ahora nos encontramos en una coyuntura más compleja marcada por varias agendas provinciales pendientes y con problemática minera ambiental específica que terminan sensibilizándose mucho más por los sucesos de Bagua.

La consulta previa que aparece en los memoriales de Andahuaylas antes de la etapa de concesión no es una idea novedosa, ésta se viene planteando desde tiempo atrás, sin embargo, no fue tomada en cuenta por los decidores y funcionarios que tienen responsabilidad directa en estos tipos de procesos.

No olvidemos tampoco que en Andahuaylas se rechaza a las concesiones mineras porque las comunidades nunca fueron consultadas, mientras que en Cotabambas se exige la inclusión de la representación campesina en el directorio del Fondo Social Las Bambas (antes fideicomiso) conformado sólo por alcaldes, exigencia que ya lleva cuatro años de avances y frustraciones.

Pero además, si miramos el plano gubernamental quedan interrogantes sin responder de cómo se articulará el Plan de Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) a su matriz el Plan Regional de Desarrollo Concertado (PRDC) y cómo estos se insertarán en los territorios dónde ya existen prospectos en exploración bastantes avanzados que difícilmente darán marcha atrás, sabiéndose que estos documentos recogen en frío y a nivel “meso” los recursos naturales existentes en un determinado territorio; y tampoco se dice qué proyectos tendrán que elaborarse para dinamizar verdaderamente las economías locales y comunales.

Apurimac camina en forma lenta para construir su propia política regional minera. Más allá de los tiempos, cronogramas institucionales que quieren imponer desde algunas organizaciones no gubernamentales financiadas con fondos canadienses y/o americanos, hay procesos autónomos que están en curso y que sin duda el nuevo director de la DREM sabrá canalizar y darle el empuje necesario desde una misma perspectiva.

Iniciativas en curso como la Mesa de Minería y Desarrollo Regional de Apurimac, el Grupo Técnico de Minería de la CAR, los espacios o mesas territoriales ambientales de Antabamba, Andahuaylas, Cotabambas y Aymaraes (esta última provincia pasa por un momento de redefiniciones) deberán encontrarse para retomar una sola agenda ambiental minera, desvirtuada además por circunstancias políticas coyunturales que no ayudan a construir una sola gran idea.

Menuda tarea le espera al nuevo director regional con la agenda ha proponerse en los próximos días. www.ecoportal.net

Abancay, 01 de julio del 2009